Hermano de un activista afro asesinado por la Federal en los 90 pidió "mirar para adentro"

A 24 años del crímen de José "Delfín" Acosta Martínez a manos de la Policía Federal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se apresta a fallar contra Argentina por esa muerte, de la que el Estado es responsable. Ángel, su hermano, asegura que casos de brutalidad por motivos raciales "suceden todos los días".
Hermano de un activista afro asesinado por la Federal en los 90 pidió "mirar para adentro"
Hermano de un activista afro asesinado por la Federal en los 90 pidió "mirar para adentro"

El hermano de José "Delfín" Acosta Martínez, un activista afro asesinado por la Policía Federal en 1996, aseguró que el caso de George Floyd debe servir para "mirar hacia adentro" y reconocer la histórica "persecución étnico-racial de los afroargentinos, afrodescendientes y africanos" por parte de las fuerzas del Estado, que está a punto de ser condenado por primera vez por un hecho parecido al ocurrido en Minneapolis.

Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CID) se apresta a fallar contra Argentina en la demanda por la muerte de Acosta Martínez en un hecho de violencia policial fatal cuya responsabilidad el Estado argentino ya reconoció durante una audiencia pública celebrada en marzo pasado en ese órgano de la OEA.

"Los medios periodísticos se horrorizan por la noticia que viene de EE.UU pero, en cambio, no hay un interés real de conocer lo que pasa en Argentina con los indígenas, los afroargentinos, afrodescendientes y africanos: si lo conocieran, no estarían tan asombrados", dijo a Télam su hermano Ángel Acosta Martínez.

"Pero como el caso de mi hermano no tiene un video que lo muestre, yo hace 24 años que estoy luchando por justicia", agregó este difusor de la cultura afro rioplatense que a diferencia de su hermano, no es "visiblemente negro" por la predominancia en él de los genes de la madre blanca.

Acosta -quien se tuvo que exiliar en España entre 2004 y 2016 por los "atentados y amenazas" con los que intentaron acallar sus denuncias- aseguró que casos de la brutalidad policial por motivos raciales "suceden todos los días en todas partes", pero "la prensa no recoge y los Estados no asumen".

"Y en Argentina no empezó con mi hermano: muchos somos el resultado de la trata transatlántica esclavista y sufrimos discriminación hasta el día de hoy, a pesar de que somos preexistentes a la nación y hemos sido parte de la construcción de este país, participando en las guerras de Independencia y contribuyendo al crecimiento económico y cultural", dijo.

Tras un primer cierre de la causa apenas 20 días después de la muerte de José "Delfin" y una breve reapertura de la investigación en 1998, la familia denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002.

La petición fue admitida por este organismo en julio de 2013 que "concluyó que el Estado argentino era responsable" y, no habiéndose llegado a una solución amistosa, en abril del año pasado elevó el caso a la Corte (CID), donde se encuentra "pendiente de emitirse sentencia".

En la audiencia pública celebrada el 10 de marzo pasado, Argentina realizó "un pedido de disculpas y reconocimiento sobre la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos acaecidas" en este caso, según informó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado de prensa.

Esta postura contrasta diametralmente con la sostenida hasta noviembre del año pasado los representantes del estado argentino en la audiencia anterior, en la que dijeron "estar en desacuerdo con la conclusión de la comisión" y afirmaron que "no se violó ningún derecho humano y que nunca hubo asesinato, repitiendo la versión policial".

Por eso "cuando nos tocó ir a la audiencia pública de marzo nosotros íbamos a enfrentarnos con el Estado, que encima habían incumplido lo prometido al comisionado de la OEA y a nosotros" en diferentes reuniones; pero eso no fue necesario.
"Obviamente ahora van a condenar internacionalmente al Estado argentino", dijo Ángel Acosta Martínez.

La víctima

 

El activista por los derechos de los afrodescendientes, cantautor y difusor del candombe José Acosta Martínez tenía 32 años y murió en la ambulancia que lo fue a buscar a la Comisaría 5º, donde estaba detenido "por salir en defensa del arresto de dos jóvenes negros por el color de la piel".

Ángel llama a su hermano "Mártir Negro del Río de la Plata" por haber muerto víctima del "abuso policial racista" puesto en evidencia en el modo en que "se ensañaron, lo humillaron, lo torturaron y lo castigaron a golpes de palos y patadas hasta provocarle convulsiones" y la muerte.

Según la versión policial, que la justicia argentina tomó como única válida para cerrar la causa, José había sido detenido por "ebriedad" y "desórdenes" y la muerte sobrevino por una descompensación provocada "por el consumo" de alcohol y sustancias

Muy diferente es la relación de los hechos que sostuvo la familia, por la que se inclinó finalmente la CID y ahora también la secretaría de Derechos Humanos.
Se realizaron dos autopsias con resultados contrapuestos: la primera confirmó la versión policial; pero la segunda encontró que cualquiera de los golpes periciados pudo provocarle la muerte y que no podría habérselos causado él mismo.

A partir de esta segunda autopsia, la familia logró la reapertura de la causa en 1998, que fue cerrada 15 meses después por el mismo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº10.

"A mí como familiar y querellante no me interesaba que el caso vaya a la Corte ni la indemnización, lo que me interesa es que el Estado asuma su responsabilidad y que haya un juicio justo para que vayan presos los asesinos, cómplices y encubridores", dijo.

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